Alianza policía-alcaldes contra inseguridad

Sobre las facultades en materia de inseguridad y la oportunidad que este gobierno debería aprovechar.

El gobierno consiguió esta semana facultades para emitir leyes contra la delincuencia y la extorsión, además de ciertas prerrogativas que intentarán dinamizar la economía; se quiere así devolverle al ciudadano la confianza perdida en estos últimos años. Ciertamente, el paquete legislativo presentado por el señor Cateriano debió discutirse apenas se instauró este gobierno, pero ya sabemos que la impericia mostrada por la gestión humalista nos ha arrastrado a este desmadre en el que el principio de autoridad hoy no vale nada.

Por ello, más allá del bien intencionado paquete normativo de Pérez Guadalupe, que persigue el sicariato, los teléfonos de quienes lo lideran, y propone el castigar con cadena perpetua a los que recluten a menores de edad en bandas criminales, se debe atender la problemática de los gobiernos locales pues ahí se tiene el mapa de la criminalidad con una prolijidad que el gobierno central no ha logrado descifrar hasta hoy.

Así, en las últimas horas hemos visto que el Ministro del Interior se ha reunido con 16 alcaldes de Lima y la cosa ha terminado con desplantes y muy poca capacidad de conseguir metas concretas contra la delincuencia que se sigue reportando a diario en los noticieros. No se sabe si por conseguir atención de los medios, pero el alcalde de San Juan de Miraflores, Javier Altamirano, dejó a Pérez Guadalupe con la palabra en la boca y se retiró de la dichosa cita porque el Ministro insistió en que es inviable que las Fuerzas Armadas patrullen las calles, pese a que un 90% de la ciudadanía lo pide. Altamirano encarna lo que pide no solo su distrito, sino también San Juan de Lurigancho y Comas. Este alcalde pedía además que se declare el toque de queda por 120 días en su distrito como medida de emergencia. Sin embargo, siendo sensatos, el Ejército no está capacitado para enfrentar la inseguridad ciudadana y menos la extorsión.

Los militares están hechos para la guerra, y si los mandamos a las calles para combatir a las organizaciones criminales podríamos presenciar muertes que no necesariamente se cuenten en el bando de la delincuencia, ya que, como en toda lucha armada, contaríamos entre las bajas a posibles inocentes que nada tienen que ver con esta problemática. Podría ser hasta un contrasentido para nuestros uniformados, pues si hoy nomás vemos a policías presos por combatir cuerpo a cuerpo a peligrosos sicarios, imagínense lo que sería si los militares entran a tallar en esta historia. Más aún, si aquí tenemos al “enemigo en casa”, ¿se pueden hacer una idea la cantidad de juicios contra militares, auspiciados por organismos de Derechos Humanos que se sumarían a la causa de autoproclamadas víctimas de las Fuerzas Armadas?

Pueda que las leyes no permitan hoy en día poner en práctica lo que piden alcaldes como el de San Juan de Miraflores. Le toca al gobierno, hoy con facultades extraordinarias, incluir propuestas como las que se piden desde los distritos más afectados por la delincuencia, buscando un justo medio entre lo legal y lo verdaderamente aplicable. Lo inmediato sería darle al Serenazgo el armamento no letal que requieren para que consigan enfrentar una delincuencia que, a su vez, consigue armas en un mercado negro que el Estado no logra fiscalizar. Ello sería el inicio de la creación de una Policía Municipal que, al lado de los alcaldes que tienen identificados a los delincuentes y sus organizaciones, esté siempre presente en cada esquina allí donde el ciudadano necesita saberse resguardado.

Hoy que el señor Pérez Guadalupe tiene 90 días para lograr un marco legal que consiga reducir la delincuencia que se expande por todo el país, bien podría conformar una alianza con los municipios para que estos puedan combatir, desde el terreno, a los miserables que nos tienen en vilo a diario. Una policía municipal (o un Serenazgo bien armado) puede ser el comienzo de la multiplicación de uniformados en zonas rojas y en barrios peligrosos; algo que hará de nuestras calles un espacio con mayor presencia de la autoridad. Algo que, paradójicamente, este gobierno se ha encargado, por su propia inacción, en socavar dándole ventaja a la criminalidad.

Por Jaime Chincha Ravines

26 – Jun – 2015