Acuerdo Nacional y Reforma de Salud

Reflexiones críticas sobre las políticas de salud del gobierno nacionalista

Durante el último proceso electoral, los candidatos que disputaron la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, firmaron el Acuerdo Nacional. El documento, en su décimo tercera política de Estado, se compromete a asegurar el acceso universal a la salud y a promover la participación ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios de salud.

Menciona además 15 mecanismos para lograr este objetivo. Diez de ellos se refieren a mecanismos propios del quehacer sanitario, y cinco a la organización y a la visión sistémica. Resaltaré este último grupo por la relevancia del debate sobre la llamada Reforma de la Salud: La descentralización, la participación regulada y complementaria del sector privado, el acceso universal a la seguridad social, el incremento progresivo del presupuesto público y el restablecimiento de la autonomía de Essalud.

Los 23 Decretos Legislativos que conforman el paquete llamado de Reforma de la Salud no han tomado en cuenta estos mecanismos. En la exposición de motivos de cada una de estas normas no se ha invocado la letra ni el espíritu del Acuerdo Nacional. Este detalle ha desubicado a los actores involucrados en el quehacer sanitario del país.

Por ejemplo, el cumplimiento del objetivo de la participación ciudadana era obligatorio antes de la “reforma”, aunque los acuerdos eran sólo reflexivos. Ahora, increíblemente, se la ha recortado. El proceso de descentralización no ha tenido una evaluación consistente y se ha centralizado en el Ministerio de Salud una serie de “aprobaciones”. Se ha copiado la experiencia de los Comités Locales de Salud (CLAS) de la década de los noventa, pero quitándole lo esencial: la autonomía y la participación social. Todo un retroceso.

El Acuerdo Nacional también señala que la participación del sector privado en la salud es complementaria y regulada. ¿Ha promulgado el gobierno alguna norma en relación a este acuerdo? No. Propone usar las asociaciones público-privadas sobre la base del DL 1012 promulgado el año 2008, y la Ley 29230 llamada obras por impuestos, promulgada el mismo año.

¿Por qué llamarle entonces reforma de la salud del 2013 si las normas de la inversión privada fueron dadas en el 2008? Simplemente, porque no la hay. La reforma debería normar y acondicionar la participación privada para dinamizar los mercados de la salud, según el Acuerdo Nacional. Articular el principio constitucional de la supletoriedad del Estado en las actividades empresariales, con el mandato constitucional de la salud como derecho, con el acceso universal a la salud y las necesidades de toda la gente. Sin olvidar que la mayoría de las veces la población necesitada de servicios de salud, no tiene capacidad de demanda.

Sirve para este propósito, el incremento del presupuesto público y el mandato constitucional del Estado que reconoce el derecho universal y progresivo a la seguridad social sobre la base del fortalecimiento y la autonomía de Essalud y la creación de un seguro social público subsidiado, que incluya prestaciones de salud, sociales y económicas, en lugar del Seguro Integral de Salud (SIS) y el FISSAL.

El gobierno, que ha firmado el Acuerdo Nacional, no ha puesto reglas claras para el funcionamiento del mercado, y menos aún, la relación público-privada. Propicia el mercantilismo y se ha apartado de la seguridad social universal. Es hora de enmendar el rumbo. Reforma si, pero, no así.

Por: Herberth Cuba García
(3 Oct 2014)