¿Acto de fe o escrutinio republicano?

 

Ante el cúmulo de indicios que comprometen a diferentes políticos en graves actos de corrupción, causa especial sorpresa la naturaleza de las respuestas a las que recurren muchos de ellos con el objeto de defenderse.

El presidente de la República, por ejemplo, coloca por delante su alta investidura, como si las imputaciones contra él formuladas tuvieran algo que ver con las funciones que emanan de su cargo. Ciertamente la majestad que ostenta el primer mandatario de la Nación debe ser reconocida por todos, en tanto representante de todos los peruanos y elegido por estos en comicios democráticos. Se trata de una jerarquía que proviene directamente de la Constitución Política del Estado; y por lo tanto, es una autoridad legítima que merece todo el respeto ciudadano.

Estas prerrogativas constitucionales son condiciones necesarias para el mejor desempeño de su función gubernativa. Es decir, para que sus decisiones tengan la eficacia y legitimidad que el supremo mando requiere. No se concibieron como instrumentos utilizados para escapar de la acción de la ley, en aquellos casos en que el presidente actuara fuera de las competencias que la Carta Fundamental expresamente le ha asignado.

El principio rector del Estado de derecho, por el cual ningún ciudadano o autoridad está por encima de la ley, alcanza también —como no podría ser de otra manera— al jefe de Estado. De ahí que negarse a rendir explicaciones ante los órganos constitucionalmente legitimados —Ministerio Público, Poder Judicial, comisiones parlamentarias de investigación— no encuentra fundamento en el Estado constitucional; ese mismo que ha hecho del control de los funcionarios y la limitación de sus poderes, su razón de ser.

Se podrá, sin duda, cuestionar los alcances de la investigación y se demandarán todas las garantías del caso, de modo que el trajín no menoscabe la potestad del presidente. Pero bajo ninguna circunstancia pretenderá que las inmunidades, de las que en efecto goza, sirvan para exonerarlo de indagar por un crimen común (asesinato, violación, lesiones, etc). Tampoco, con igual lógica, tendrá protección especial para delitos contra la administración pública que se hubieran cometido antes de ejercer el cargo presidencial.

Por estas razones sustantivas, a las cuales hay que sumar las no menos importantes cuestiones de imagen pública, el presidente de la República debiera colaborar con las instancias de investigación. Es mucho lo que ganaría y su prestigio quedaría a salvo, pues las reuniones serían en Palacio de Gobierno y sin prensa alguna.

Lo que no resulta admisible es que prefiera las entrevistas o declaraciones unilaterales, en lugar del procedimiento constitucional. En ellas, sin un inquisidor de fuste, podrá despacharse a su gusto; aunque no está exento de sembrar vacíos, dudas y contradicciones. La lógica argumental en la búsqueda de la verdad cede su puesto ante el solo dicho de la autoridad, cuya validez reposa en su propio peso y en nada más. El público es conminado a la aceptación de un acto de fe, como si de religión se tratará. Los juramentos y las alusiones a su trayectoria de vida son parte de ese ritual que no tiene nada que ver con la tradición republicana.

Quien ha llevado este estilo místico a niveles insólitos, es Susana Villarán. La ex alcaldesa de la ciudad se muestra imperturbable ante el volumen de macizas evidencias en su contra. No las discute ni las explica, simplemente las niega en bloque. Y proclama su inocencia como una patética Juana de Arco.

Este discurso carece de racionalidad, pues se nutre de una pretendida adhesión y la fe ciega que la gente le debiera tener, solamente por ser ella misma. O, quizá, porque adscribe a una ideología que se autoestima como pura virtud, donde no cabe mácula alguna de corrupción. Entonces, Villarán y su corte mafiosa no serían culpables porque esgrimen alguna razón valedera. Nada de eso. Sucede que ellos jamás podrían serlo, en sí, por definición, por naturaleza. Porque se consideran ontológicamente asépticos y celestiales.

Esta alucinación llega a ser parte de su propia creencia. A tal punto que incluso mostrándole documentos por ellos firmados, no vacilarán en negarlos con énfasis. De este modo, el financiamiento millonario de la campaña contra la revocatoria de la ex alcaldesa, quedaría en el más absoluto misterio: ¡Nadie supo como llegó la plata, a pesar que esta corría a raudales por carteles, avisos, spots publicitarios y algunas salas de redacción!

Lima, 12 de diciembre de 2017