Abrir los ojos y observar qué persiguen

¿Existe oposición a la minería o es la excusa para propiciar actos de violencia para conseguir otros objetivos? La minería en el Perú representa entre el 14% y 15% del Producto Bruto Interno y el 55% de las exportaciones; por consiguiente, de las divisas que ingresan al país y que hacen que el tipo de cambio se estabilice alrededor de S/ 3.30 por dólar. Además, la actividad minera opera en menos del 1.3% del territorio nacional; es decir, la presencia minera aún es muy limitada en el país y su aporte al desarrollo es muy significativo.

¿Qué significa lo anteriormente señalado? Que si alguien propone optar de manera exclusiva y excluyente por la actividad agraria, debería explicar a la comunidad nacional cómo es que piensa cubrir los menores ingresos que representa para el fisco tal decisión. Y no lo hacen por una sencilla razón: la oposición a la actividad minera no es ni ideológica ni basada en una convicción pro ambientalista. La antiminería en el Perú no es más que oportunismo de lo más rampante, y su objetivo es la captura del Estado, en cualquiera de sus instancias de gobierno. Por ese motivo, sus agentes capitalizan la percepción errada que han construido en contra de la actividad minera a lo largo de muchos años, y lamentablemente esta ha calado en un sector de la opinión pública.

Lo peligroso de quienes se suman al juego político de la antiminería es que terminen siendo absorbidos o desbordados por el radicalismo promotor de la violencia. La competencia para lograr una mayor “visibilidad”, ante los ojos de cierto sector de la opinión pública, incentiva el radicalismo y el dogmatismo. Los promotores de estas acciones utilizan principalmente a los jóvenes y en la actualidad inclusive a niños, porque son más fáciles de “concientizar”, dado que carecen de elementos suficientes para analizar si aquello que les proponen resulta lo más razonable.

Cuando en las protestas de todo tipo, se producen acciones de corte militar para violar el estado de derecho y desafiar a la fuerza pública, es evidente que no se está enfrentando una protesta que busca ejercer presión dentro del sistema democrático, donde las huelgas y las protestas son legítimas, pero dentro de los cauces que la ley establece. Una acción militarizada implica una logística, coordinación, entrenamiento previo de acciones tácticas y empleo/manipulación indirecta de diversos medios de comunicación.

La estrategia del radicalismo protestatario siempre será ubicar cuáles son los escenarios más sensibles, donde puedan presentarse como “los defensores y los solidarios” ante quienes son partícipes de algún disenso que motive una protesta. Y también comunicar que aquello que denominan “el equilibrio estratégico” se alcanza sin emplear la violencia desembozada, tal como sucedió con las acciones subversivas del pasado. El giro se debe a que existe consenso en la opinión pública en que el terrorismo nunca más debe volver. Pero no olvidemos que las acciones violentas eran un medio y no un fin en sí mismo.

Cuidado con cerrar los ojos o ponerse de perfil.

Guillermo Vidalón del Pino