Travesura fiscal

Intención de jalar a Keiko a danza de denuncias

Unas horas antes de conocerse las declaraciones de Barata, en las que informaba que había entregado US$ 3 millones a Nadine Heredia (caso  denunciado por Correo en la época de Aldo Mariátegui) —un claro anuncio del martirio judicial que se viene para la ex pareja presidencial—, la fiscal Sara Vidal incluyó a Keiko Fujimori en la investigación de la lavado de activos que se sigue a Joaquín Ramírez. El argumento: la declaración de un piloto que algunos sectores de la media elevaron a la calidad de fuente confiable para hacer antipropaganda en la pasada campaña electoral. La intención de la investigación fiscal era clara: jalar al fujimorismo a la danza de denuncias y de extrema judicialización de la política.

A medida que pasen los días se notará la burda intención de hacer antipropaganda, porque todos los abogados y los entendidos en derecho saben que la denuncia en contra de Keiko no prosperará. No hay audio, no hay cuentas ni otro documento que corrobore el “me dijo que le dijeron” del encumbrado piloto por sectores de la media. Ahora bien, más allá de lo burdo de la acusación, la investigación fiscal sí tiene consecuencias políticas.

Por ejemplo, el mismo día de conocerse el misil brasileño de US$ 3 millones en contra de Nadine, los diarios nadinistas colocaban en portada el rostro de Keiko convirtiéndola en “un personaje más del caso Lava Jato”. De otro lado, la defensa política que desarrolló el fujimorismo, argumentando que la acusación en contra de Keiko era una maniobra política para jalar al fujimorismo al rosario de de escándalos, de una u otra manera abonará a favor de las estrategias de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes intentarán politizar su defensa, más allá de que existan acusaciones directas corroboradas por las respectivas cuentas bancarias. La travesura fiscal entonces tiene enorme trascendencia.

Asimismo, el antifujimorista radical, en crisis terminal por el derrumbe de su universo antinaranja, ha comenzado a sostener que el fujimorismo mantiene extrema prudencia en las acusaciones del caso Lava Jato no porque exista una preocupación de fondo por la gobernabilidad democrática, sino porque también tiene algo de “rabo de paja” en el asunto. En este contexto, no sería nada extraño que el movimiento naranja se vea obligado a pisar el acelerador de las denuncias. Quizá otro efecto político inevitable de la travesura fiscal.

Sin embargo el movimiento naranja debería ver en todo esto una oportunidad antes que un problema: si no hay nada que ocultar, que se levanten todos los secretos bancarios y  se establezca con absoluta claridad que el affaire Ramírez fue un grave error político —que costó una elección nacional—, pero que más allá del yerro político no hay nada. Una apuesta de ese tipo sería clave hacia el 2021. Es eliminar problemas por adelantado.

De otro lado, la gente cada vez aprende a discriminar mejor cuándo detrás de una denuncia existe una intención política y cuándo se trata de un caso verdadero. Las tragedias de Toledo, Ollanta y Nadine no solo combinan acusaciones directas, sino también movimientos y transferencias bancarias. Semejante estado de cosas podría favorecer a una victimización de Keiko.

De allí la enorme trascendencia de que el fujimorismo no pierda el nervio político que está demostrando frente a la crisis de gobernabilidad que se avecina. En vez de politizar la travesura fiscal, habría que poner todos los documentos sobre la mesa y resolver el asunto. En vez de apretar el acelerador de las denuncias contra el gobierno, habría que mantener la prudencia y el tono a favor de la gobernabilidad. Si esa es la conducta del movimiento naranja, la sabiduría popular no solo reconocerá nobleza sino que señalará que el fujimorismo es una especie de guardián del sistema y la democracia. Ver para creer, dijeron los incrédulos.

Víctor Andrés Ponce