Terremoto Odebrecht

La clase política post fujimorato en el candelero

Como parte del acuerdo que la empresa brasileña Odebrecht firmó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la mencionada compañía reconoció que había sobornado por US$ 29 millones a funcionarios públicos peruanos, a cambio de obras, entre los años 2005-2014. En el acto, las suspicacias y los reflectores se focalizaron en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y la administración municipal de Susana Villarán. Es decir, prácticamente toda la llamada “clase política” que se organizó luego de la caída del fujimorato, régimen que se desplomó por corrupción, entre otros factores.

Seguramente los sectores de izquierda que suelen ser selectivos en la lucha contra la corrupción (pueden lavar banderas y hacer marchas en defensa de una gestión ministerial envuelta en casos de corrupción) cargarán todas las tintas en contra de la administración aprista, pero las noticias que nos vienen del país del norte podrían terminar barriendo, prácticamente, a todo el establishment político de los últimos quince años. Un establishment que surgió demonizando al fujimorismo por los casos de corrupción de los noventa.

Ojalá que las denuncias no toquen a los ex presidentes Alejandro Toledo y Alan García porque, al margen de adhesiones y rechazos, ambos políticos continúan siendo activos de esta democracia que avanza hacia la quinta elección nacional sin interrupciones, que ha reducido la pobreza a solo un quinto de la población y que ha expandido las clases medias como nunca antes. A diferencia de otras democracias —como la chilena, por ejemplo— en el Perú no se suele convocar a los ex mandatarios ante una crisis de gobernabilidad. En el Perú los ex jefes de Estado están cuestionados a diestra y siniestra. Si el escándalo Lava Jato o el affaire brasileño terminan salpicando a Toledo y García las cosas se agravarían.

Pero no vaya a creerse que el escándalo brasileño solo afectará a los funcionarios de los tres gobiernos mencionados. De una u otra manera, estaría en cuestión toda la clase política que ha organizado la democracia post fujimorato. Y, de pronto, quizá surja un humor nacional que se podría definir como el “que se vayan todos”.

Si bien el fujimorismo no está vinculado al escándalo Lava Jato, las campañas antifujimoristas que le niegan un lugar en la democracia de los últimos quince años y que reducen la trayectoria naranja a los errores de los noventa (corrupción y violación de DD.HH.) podrían determinar que el movimiento de Keiko Fujimori también se vea afectado por el deterioro general de la clase política.

¿Qué sector entonces se podría beneficiar del terremoto brasileño? A primer golpe de vista cualquiera podría decir que el espacio antisistema. Sin embargo, líderes como Gregorio Santos y Verónika Mendoza también tienen imputaciones que los vinculan con casos de corrupción. No obstante, es evidente que el caso Lava Jato tendrán tal nivel de detonaciones que los casos en contra de estos líderes antisistema se adelgazarán de tal manera que podrían cosechar en medio del escándalo.

Ahora bien, algo que juega a favor de la clase política peruana es que el Perú es uno de los pocos países de América Latina en donde no es posible hablar de impunidad, más allá de que la izquierda haya intentado sostener lo contrario. Por ejemplo, casi todos los implicados en casos de corrupción de los noventa han sido sentenciados y purgan prisión efectiva. Un ex jefe de Estado, generales de cuatro y tres estrellas y promociones militares casi enteras están entre los encarcelados.

Quizá haya cierto catastrofismo en las reflexiones sobre las consecuencias del escándalo brasileño. El Perú ya ha demostrado que tiene reservas democráticas que desconocemos. La democracia siempre ha sabido encontrar salidas, al margen de los radicalismos de izquierda que nos cuentan la historia de políticos que son ángeles versus los demás demonios.

Por Víctor Andrés Ponce