¡Terremoto Lava Jato!

Las declaraciones de Jorge Barata en Brasil, que señalan que casi todos los movimientos políticos fueron financiados por Odebrecht —más allá de las sumas y las consecuencias penales—, confirman que en el Perú se ha producido un terremoto político que hace tambalear a la mayoría de piezas del tablero político. Nadie del actual elenco político parece salvarse. Todos están salpicados y, en medio de la crisis de la gobernabilidad desatada por la extrema judicialización de la política, la sensación que se genera es que todos estaban tratando de evitar la incriminación.

El presidente Kuczynski, Keiko Fujimori, Alan García  y Susana Villarán están con los ojos morados por las declaraciones del brasileño, y es evidente que la idea acerca de que se vayan todos pude estar demasiado cerca. En el Perú puede desatarse una sensación de hartazgo que levante una ola que favorezca a la aventura. En otras palabras, en una sociedad en la que el entrampamiento político y la ralentización económica se entrecruzan, la imagen de un elenco político o de una clase política manchada con el asunto brasileño es la fórmula perfecta para lo inesperado.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de las recientes declaraciones de Barata? Es posible que el nivel de judicialización de la política, esta especie de guerra de todos contra todos, amaine. Ni la Comisión Lava Jato del Congreso ni los fiscales antifujimoristas pueden seguir en esta guerra sin cuartel porque se confirmaría una impresión: para proteger a algunos se ataca a otros. En este contexto, la posibilidad de un nuevo proceso de vacancia del presidente Kuczynski parece alejarse.

Si la judicialización del espacio público se morigera y la idea de que las instituciones tienen que remar hasta el 2021 se impone, no será extraño imaginar que— por primera vez después de las elecciones del 2016— se estarían presentando las condiciones para ciertos entendimientos entre Ejecutivo y Legislativo, para poner por delante las urgentes reformas que el Perú necesita. A veces los entendimientos surgen por la simple necesidad de sobrevivir. Si todos están con problemas y pendientes de investigaciones, ¿por qué no girar los reflectores a las propuestas y debates que el Ejecutivo y el Legislativo deberían procesar? No se trata de un wishfull thinking, se trata de que los márgenes de maniobra se han acortado. Punto.

Si la política recupera sus fueros, entonces, las instituciones encargadas de las investigaciones procesarán el resto. Y allí sí quienes podrían enfrentar consecuencias penales son quienes trataron con Odebrecht desarrollando funciones de Gobierno. Sin embargo la justicia se encargará del asunto.

Las declaraciones de Barata si bien han desatado un terremoto político y generan las condiciones a favor del “que se vayan todos”, también plantean la posibilidad de terminar con el software nadinista de judicializar al rival, en el que comenzaban a caer todos los actores políticos. Y si las cosas se organizan por ese lado, entonces puede empezar un segundo tiempo diferente para el Perú. Más allá de que la situación empiece a reclamar con urgencia la presencia de nuevos actores políticos para refrescar un elenco estable que aparece lesionado por el caso Lava Jato.