¿Se avecina choque de poderes?

El fujimorismo comete graves errores

El fujimorismo comete un grave error al postergar innecesariamente la aprobación de la delegación de facultades para el Ejecutivo mediante el trámite de la solicitud en diez comisiones parlamentarias. No es necesario ni es una conducta política acertada. La impresión que se desata frente a esa actitud es que el movimiento naranja pretende obstruir a una administración en plena luna de miel.

Y se trata de una impresión porque cualquier análisis con buena voluntad concluiría que la mayoría legislativa no se negará a la delegación de facultades, y que solo está ejerciendo “el derecho de aparecer como oposición” ante una administración que “debe apoyar”, pero sin asumir los costos inevitables del desgaste. En ese sentido, en la mayoría legislativa se debería definir en qué materias habrá delegación y en cuáles no, y proceder al término de la distancia.

El yerro naranja está permitiendo que el humor antifujimorista en la mayoría de medios simplemente se desate sin justificación. Algo de eso se contempla frente al dictamen de la Comisión de Constitución, que establece que el congresista que abandona la bancada con la que fue elegido pierde diversos derechos. El espíritu del dictamen es expresión de un consenso surgido en los últimos quince años y reedita las mejores tradiciones de las democracias avanzadas. No obstante, como ahora el fujimorismo representa la idea del partido que la legislación debería preservar, el periodista antifujimorista entierra los mejores debates e investigaciones constitucionales desarrolladas al respecto.

Algo parecido sucede con la solicitud de facultades para reorganizar la Unidad de Inteligencia Financiera, para que esta entidad pueda levantar el secreto bancario y tributario previa autorización judicial. El fujimorismo se olvida de comunicar y, de una u otra manera, la negativa de otorgar la delegación de facultades en el tema alimenta acusaciones de “pretender proteger el lavado de activos”.

Un análisis con la Constitución en la mano nos indica que si la Carta Política establece que solo el fiscal, el juez y una comisión investigadora del Legislativo pueden ordenar el levantamiento del secreto bancario y tributario, entonces, cualquier reforma de estos criterios constitucionales debería tener al Congreso como protagonista principal. La racionalidad nos indica que las cosas son así, sin embargo la sociedad de pasiones en que vivimos nos lleva a desencuentros que pueden volverse incontrolables.

El voto casi unánime a favor de la investidura del Gabinete Zavala, al parecer, no ha servido para construir una relación armoniosa entre el Ejecutivo y el Legislativo. No hay puentes ni sistemas de comunicación fluidos entre el pepekausismo y el fujimorismo. La responsabilidad es compartida y las culpas se reparten por igual entre PPK y Keiko Fujimori, más allá de que la grita mediática solo pretenda cargarle la culpa al lado naranja. De una u otra forma es el resultado inevitable de no haberse gestado un pacto luego de las elecciones, algo que se habría producido en cualquier democracia mediana del planeta.

El fujimorismo parece cerrarse en sus murallas porque también pretende marcar una pauta de aquí a los próximos cinco años: la presión mediática no llevará de las narices a la mayoría legislativa, parece ser la consigna. Hasta hoy lo están consiguiendo. La furia mediática cada vez aparece más como un grito destemplado, en la medida que el fujimorismo no se sobrepase ejerciendo el poder de la mayoría congresal.

En todo caso, recién se está estableciendo la dinámica de gobernabilidad que emergerá entre la administración PPK, que representa a la tercera bancada del Legislativo, y la mayoría absoluta del cuarto Congreso elegido de manera ininterrumpida. Aquí solo vale aplicar a pie juntillas el viejo aserto: con razón, con ventaja y sin sobrepasarse.

Víctor Andrés Ponce