Lucha ideológica y minería

Ofensiva antiminera en la sociedad

La administración PPK debería a empezar a entender que hay algunos fracasos que afectan la popularidad del gobierno, pero que otros yerros pueden cuestionar la gobernabilidad. Por ejemplo, los retrasos en la seguridad ciudadana, en la reactivación económica y las políticas sociales, erosionan la aprobación gubernamental. Pero conflictos sociales como Las Bambas no solo reducen la popularidad, sino que afectan a la gobernabilidad. No asumir que un conflicto social puede salirse de control y ensagrentarse con la voluntad del radicalismo es ignorar un asunto central de gobierno.

Así, pues, como hay planes en seguridad ciudadana, el gobierno debería plantearse un plan integral para convertir a las zonas mineras en modelos de desarrollo y de nuevas relaciones entre Estado, comunidades y empresa. Quizá la presencia del vicepresidente Vizcarra en Las Bambas sea indicio de algo diferente. De lo contrario, en los próximos días los conflictos podrían desencadenarse en Antapaccay, por ejemplo. Siempre vale recordar que sin minería el Perú estaría creciendo menos de 2%. Por allí, entonces, reside la enorme responsabilidad de la nueva administración.

Ahora bien, la sociedad en su conjunto también tiene que entender que así como en educación, por ejemplo, existe una guerra ideológica que atraviesa al Estado y la sociedad, igualmente en la minería hay otra parecida. Las confrontaciones ideológicas alrededor de la minería se producen sobre la base del fracaso del Estado, que cobra impuestos a las empresas, pero es incapaz de cumplir sus responsabilidades en infraestructura, educación y salud en las zonas mineras.

La lucha ideológica la encabezan un grupo de ONG vinculadas al Frente Amplio, que han desarrollado las más increíbles sin razones para detener los proyectos mineros Conga y Tía María. Despropósitos que también han pasado por la actitud acrítica de la media nacional. El caso de Máxima Acuña Chaupe, por ejemplo, es un monumento a una guerra que se basa en mentiras y desinformación; pero celebrada en la radio, en la TV y en la prensa. La ONG CooperAcción, por ejemplo, lideró la guerra contra el mineroducto —ducto para transportar minerales— en Las Bambas. Luego que se descartó y se implementó la carretera, los radicales vuelven a exigir un nuevo estudio de impacto ambiental. Todo con tal de parar la producción.

¿Cuál es el objetivo de estos sectores? Es evidente que esta avanzada ideológica se ha propuesto detener la producción de cobre del Perú. ¿Para qué? Para lentificar el crecimiento de la economía, desatar las impaciencias y propiciar el triunfo de una propuesta estatista el 2021. Pero también honrar el compromiso con sus fuentes de financiamiento: detener la producción de cobre nacional significa engordar los bolsillos de los traders del cobre del planeta (que cuentan con stock acumulado).

Para desarrollar sus argumentos esta avanzada ideológica pretende “defender el medio ambiente” con argumentos rebuscados, falseando datos científicos y tecnológicos. Si no hay respuesta en este terreno, ganan. Un ejemplo es la famosa cabecera de cuenca y la imposibilidad de hacer minería en esa área. Si la cabecera se nutre de la lluvia, ¿la represa no es la forma moderna y civilizada de cosechar agua?

Pero los argumentos no solo son ecológicos. La famosa “criminalización de la protesta de parte del Estado y las fuerzas policiales” busca convertir a los conflictos sociales en territorios liberados de la ley y la autoridad estatal. Y el argumento, incluso, empieza a ser aceptado por la media y la sociedad.

En este contexto aparecen grupos radicales antimineros que, en la práctica, se movilizan de proyecto minero a proyecto minero, atribuyendo a las empresas las responsabilidades del fracaso estatal, con el claro objeto de “negociar”. Es una élite de profesionales de la violencia que extreman las acciones buscando el ensangrentamiento de los conflictos sociales mediante la confrontación con la policía.

La ideología de “la criminalización de la protesta” inhibe a fiscales y jueces de investigar y sancionar a quienes violan la propiedad privada y pública, y atentan contra la vida, el cuerpo y la salud de los ciudadanos. Sin el respaldo de la ley, el pobre policía se queda enfrente del radical y, de pronto, es herido, atacado y, a veces, un disparo en defensa propia causa víctimas lamentables. Ha triunfado el radical antiminero, se ha ensangrentado la protesta y se ha detenido la producción. ¡Es hora de reaccionar!

Víctor Andrés Ponce