Los Humala en libertad

La decisión del Tribunal Constitucional a favor del hábeas corpus que demandaba la libertad de Ollanta Humala y Nadine Heredia se produce en el preciso momento en que ha terminado la guerra política entre Ejecutivo y Legislativo, desatada durante la pasada administración PPK. Una guerra política que se envolvió en una brutal judicialización de la política, que engulló al Ejecutivo, al Congreso, a los políticos, a empresarios y, de una u otra manera, amenazaba con terminar con los fundamentos institucionales y económicos de los últimos 25 años. La libertad de los Humala entonces se produce en el remanso político post PPK.

Por todas esas consideraciones, la excarcelación de los Humala no desatará los huracanes que empujaron la detención de ambos. Una clara demostración de que cuando la buena política empieza a imponerse, las instituciones, para bien o para mal, empiezan a funcionar al margen de las presiones. Paradójicamente ha terminado la guerra política y la judicialización del espacio público que los propios Humala alentaron y, finalmente, hizo que ambos bebieran de su propia medicina.

Desde el punto de vista del derecho, la prisión de los Humala era una arbitrariedad. La prisión preventiva como medida excepcional amenazaba en convertirse en la normalidad. Conclusión: en la judicialización de la vida pública, algunos fiscales y jueces se convierten en los señores de la libertad o la carcelería de los hombres, estirando la Constitución y las leyes como gomas y al ritmo de las portadas, las cámaras y los flashes.

En todo caso, y para no caer generalidades, quizá valga la pena intentar definir qué se puede llamar judicialización de la política. Este tipo de fenómeno político viene envuelto en ropaje judicial y no tiene mucho que ver estrictamente con una investigación fiscal en serio. En la judicialización la acusación fiscal se prolonga al infinito y cada acción del fiscal se convierte en una nota de prensa: se “villaniza” en extremo al acusado y se “heroíza” sin fundamento al mediocre magistrado, en medio de una ola mediática que lo envuelve todo. La forma como las salas de segunda instancia y el propio Tribunal Constitucional han levantado las órdenes de detención preventiva deberían impulsar a los fiscales y jueces carceleros a renunciar al sistema de justicia. ¿Acaso no hay castigos para quienes privan la sagrada libertad de manera innecesaria?

La judicialización de la política en el Perú la inventó Nadine, pero la terminó destrozando a ella. La Megacomisión Tejada y el caso de los narcoindultos en contra de Alan García organizaron el software y la metodología de la judicialización. En ese entonces se habló de que existían 5,000 narcoindultos, se dijo que había un candidato de los narcos, pero el Poder Judicial apenas judicializó 16 gracias presidenciales y solo sentenció en base a una. ¡Sí, un solo caso! Sin embargo, la candidatura de García fue destruida desde un poder organizado por el Ejecutivo, los medios y un equipo de periodistas palaciegos. Cuando la composición del Congreso cambió radicalmente la judicialización se trasladó a las oficinas del Ministerio Público. De allí parece que estamos saliendo.

La judicialización se convierte en una vorágine tan incontrolable en medio de la grita de “las masas” y “la potencia irreflexiva de las redes” que ni siquiera ese aparato que demonizó a García pudo proteger a los Humala cuando estos cayeron en desgracia.

Nueve meses de prisión innecesaria deberían llevar a aprender a cualquiera. La paradoja de los Humala debería representar una lección para toda la clase política que, en ocasiones, juega a la revancha. A los demócratas lo único que nos resta son la democracia y sus instituciones. Y nadie puede pretender judicializar y menos encarcelar a un rival con el objeto de sacarlo del juego. Quizá la lección haya sido aprendida.