Las guerras mediáticas

Sobre el subsidio estatal a ciertos medios

La izquierda ha sido implacable en sus juicios en contra de la sentencia judicial que libera de responsabilidad a Alberto Fujimori en el manejo de los llamados “diarios chicha”. Argumentos más, argumentos menos, la mayoría mediática ha criticado el fallo judicial con razones que pueden ser atendibles. Sin embargo el silencio que guarda frente al manejo de la publicidad estatal de los últimos cinco años revela una evidente doblez en la defensa de la libertad de prensa y la autonomía de las redacciones.

En su columna diaria en Perú 21, Aldo Mariátegui ha detallado con prolijidad la manera como se ha manejado la publicidad estatal durante el nacionalismo para favorecer a ciertos medios sin ninguna relevancia en la preferencia de los lectores. De acuerdo a estas informaciones, sin ese subsidio estatal algunos periódicos quizá no podrían existir.

Pero eso no es todo. En el quinquenio pasado la política se envileció y se judicializó al rival, al opositor, porque las estrategias de la mal llamada “pareja presidencial”, de una u otra manera, contaron con el respaldo de un “ejército mediático”, que comenzaba en ciertos periódicos, se retroalimentaba con las redes digitales e, incluso, ingresaba a la señal abierta.

Por ejemplo, allí está la estrategia de la Megacomisión del olvidado Sergio Tejada y la intención de liquidar a Alan García con el tema de los narcoindultos, para presentarlo como “el candidato de los narcos”. Semejante infundio ya ha sido levantado por el Poder Judicial (solo un caso de 5,000 gracias presidenciales fue judicializado). Ese mismo ejército mediático continuó demonizando al fujimorismo con los falsos relatos de los US$ 6,000 millones perdidos de las privatizaciones, las esterilizaciones forzadas y otras narrativas. Las guerras que desató la izquierda en contra del cardenal Cipriani también fueron objetivos privilegiados de la caballería palaciega. Y, por supuesto, las voces disonantes en la media también trataron de ser linchadas.

La pregunta que surge es, ¿en qué se diferencian los ataques recientes y de los diarios chicha en los noventa, en contra de Manuel D’Ornellas, Ángel Páez y Edmundo Cruz? Si encontramos diferencias, entonces, nuestra relación con la libertad de prensa y la autonomía de las redacciones depende de la coyuntura.

El problema de fondo es que no se puede construir una sociedad abierta si el Estado promueve a un sector de los medios con la publicidad estatal. Quizá el mejor camino sería abolir este tipo de publicidad, y si esta existe debería ser absolutamente transparente y en base a la meritocracia de los medios.

Planteada las cosas así, la pregunta es inevitable, ¿la administración PPK mantendrá el subsidio mediático estatal del régimen pasado? Si el nuevo Gobierno apuesta por mantener el subsidio no solo cometería un yerro democrático, sino que dejaría en claro que no tiene la menor idea sobre cómo construir gobernabilidad y garantizar el éxito. Se revelaría que el pepekausismo es incapaz de desplazarse al centro y distanciarse del radicalismo antifujimorista. En otras palabras, se habría producido un autosecuestro pepekausista.

Pero no solo es un asunto del Ejecutivo. El Congreso debería investigar cómo se manejó la publicidad estatal en el quinquenio pasado, establecer responsabilidades de cara al país, y proponer los correctivos legales pertinentes. En otras palabras, luego de los resultados electorales de la pasada elección nacional es imposible que se continúe subsidiando a una infantería mediática que solo servía a los intereses de la pasada pareja presidencial y que generaba una enorme interrogante para la democracia. Para defender la libertad de prensa no solo hay que hacer historia (diarios chicha de los noventa), sino también pronunciarse sobre el presente.

Víctor Andrés Ponce