La sobrerreacción fujimorista

Grave error apuntar contra la institución presidencial

En esta columna no participamos del humor mayoritario de la media, que le carga todas las tintas al fujimorismo en la actual crisis de institucionalidad que atraviesa el país con la posible acusación constitucional en contra del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; ni con la interpretación de la Comisión de Constitución del Congreso acerca de que el presidente Kuczynski está obligado a comparecer ante la llamada comisión Lava Jato del Legislativo (algo que no está contemplado en la Carta Política).

Y no participamos de esta aproximación porque sumarse al cargamontón antifujimorista es promover la inevitable colisión entre las instituciones. Un análisis más equilibrado quizá nos permita hallar una salida ante el inminente bloqueo de la institucionalidad que parece avecinarse.

El fujimorismo está sobrerreaccionando porque un grupo de fiscales ha asumido la posta en la estrategia que desarrolla el antifujimorismo para vetar la candidatura de Fuerza Popular. Pretender investigar unos cócteles auditados hasta la saciedad por la ONPE y todos los ingresos bancarizados de los mismos de manera preliminar y por 36 meses —es decir, hasta el 2021— es notificar a la primera fuerza política del país más o menos lo siguiente: acepta el veto o reacciona a costa de aparecer reeditando el autoritarismo de los noventa.

Y, como toda fuerza que pretende ser histórica, ante el incuestionable veto,el fujimorismo ha sobrerreaccionado de manera feroz. Si alguien duda de si habrá o no inhabilitación del Fiscal de la Nación debería recordar el síndrome Zavala: se presentó la cuestión de confianza creyendo que no iba a existir el atrevimiento.

Cualquier analista desapasionado hoy entiende que luego de presentada la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, el fujimorismo no puede retroceder a menos que empiece a desgranarse o a aceptar el veto hacia el 2021. En otras palabras, estamos demasiado cerca de un bloqueo de la gobernabilidad en la que todos perderemos. Y la principal responsabilidad de esta tragedia democrática está en el antifujimorista extremista que, luego de las elecciones del 2016, en ningún momento se detuvo a reflexionar y continuó con su estrategia irreductible de vetar la existencia política de la primera fuerza política del país. La historia no es nueva. En el siglo pasado, el veto oligárquico en contra del Apra acabó con todas las posibilidades de continuidad democrática.

En ese sentido, reconocemos el pleno derecho del fujimorismo a levantar y superar ese veto antidemocrático que desarrolla el antifujimorismo en todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, nunca más se debería decretar la inamovilidad de la Policía Nacional en medio de las elecciones generales, y jamás se debería reeditar la conducta actual de ciertos fiscales que pretenden judicializar a Fuerza Popular hasta el 2021. ¡Los fujimoristas, entonces, están en su derecho! Pero disparar contra la Presidencia de la República —más allá de cualquier razón—, simplemente convierte cualquier estrategia de resistencia contra el veto antifujimorista en una estrategia que pone a la democracia al filo del abismo.

Y una democracia al filo del abismo es lo peor que puede sucederle al movimiento naranja, porque hoy es quizá la fuerza política que desarrolla más posibilidades hacia el 2021. El éxito de su estrategia opositora —a diferencia de lo señalado por la media antifujimorista—, que se refleja en las encuestas, no debería hacer olvidar al fujimorismo que el bloqueo institucional, en la práctica, es el bloqueo del modelo económico y social de los últimos 25 años. Si sucediera algo así se estaría sirviendo la mesa a las fuerzas antisistema.

Víctor Andrés Ponce