La responsabilidad de Vizcarra y Keiko

Después de la renuncia del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, y de casi todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), luego de la difusión de los audios en los que se desnuda un repudiable tráfico de influencias —en el CNM, el Poder Judicial y la Fiscalía—, la crisis política parece culminar un primer terrible capítulo. Un capítulo de indignación ciudadana que ha derribado varias torres del sistema de justicia, pero que demanda responsabilidad política de las élites para evitar que el desmadre se convierta en una crisis de gobernabilidad y el consiguiente adelanto electoral.

Antes unas precisiones. Para todos ha sido evidente que diversos sectores de izquierda han utilizado con discreción las denuncias de corrupción para tentar la posibilidad del cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Igualmente, algunos medios de comunicación, desesperados por el retiro de la publicidad estatal, han jugado abiertamente por la marcha en contra del Congreso. E incluso el propio jefe de Estado, Martín Vizcarra, horas antes de “la movilización contra la corrupción”, se pronunció a favor de la manifestación. Medios, Presidente y autoridades del Estado, alentando una movilización que, si bien se envuelve con la indignación ciudadana contra la corrupción, pretende ser utilizada para embestir contra el Legislativo.

Ante esta situación, el sentido común indica que la crisis del sistema de justicia y la renuncia de los señalados magistrados no debería extenderse a todo el sistema democrático, como pretende la izquierda antisistema con el objetivo de convocar a una asamblea constituyente. Un escenario que solo puede evitarse si el Ejecutivo y el Legislativo logran converger para reformar el sistema de justicia, mediante un debate abierto frente a la sociedad. Y no se necesita ser zahorí para entender que la movilización de estos dos poderes del Estado también pasa por la responsabilidad que asuman frente a la situación el presidente, Martín Vizcarra, y la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori.

La crisis desatada por la difusión de los audios ha revelado un distanciamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que, de continuar, inevitablemente culminará en una crisis de gobernabilidad. En esta situación la responsabilidad es compartida. En el fujimorismo por su incapacidad de organizar una nueva correlación política luego de la renuncia de Kuczynski y plantearle una agenda al país. La explicación: su distancia de las urgentes reformas y el entrampamiento en los despropósitos de muchos de los legisladores fuerzapopularistas. Y en el caso del presidente Vizcarra, por una evidente ingenuidad e inexperiencia política, que no le permite ubicarse al frente de la primera magistratura del Estado.

En este contexto, el establishment comenzó a demoler al Gobierno de Vizcarra presentando encuestas con extrañas caídas en la popularidad, hasta que la difusión de los audios, simplemente, asustó al presidente Vizcarra debido a que lo mencionaban en alguno de ellos. A partir de allí no solo apareció un jefe de Estado que convoca legislaturas extraordinarias sin consultar con la orilla de enfrente, sino un sorprendente mandatario que expresaba público respaldo a una movilización organizada por las fuerzas antisistema.

Bueno, aquí los políticos tienen que empezar a actuar. O en su defecto, ¿algunos medios o determinadas ONG organizarán la vida pública del país? Tomar el teléfono y convocar a los diálogos imprescindibles representa la diferencia entre un escenario en el que los aventureros hagan su garbanzal o un tránsito ordenado hacia la quinta elección nacional sin interrupciones en el 2021.