La hora del pacto Keiko-PPK

A veces cuando más negra es la noche, más cerca está la luz, reza el viejo aserto. Hoy el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori, la lideresa de la oposición, empiezan a ser víctimas de la polaridad fujimorismo versus antifujimorismo que alentó el establishment y la llamada izquierda caviar con objeto de mantener sus posiciones estatales de los últimos quince años. El problema es que la vorágine que envuelve a ambos líderes puede derribar a la República, que acumula su quinta elección sin interrupciones.

El telón de fondo en el que maniobran los alfiles de la polarización a ambos lados de la mesa es el caso Lava Jato. El jefe de Estado desarrolló consultorías privadas con Odebrecht y, en un clima de confrontación, la noticia será motivo para que algunos sectores planteen vacancias y adelantos de elecciones. En un contexto sin polarización, todos los peruanos de buena voluntad entenderían que se debe aplicar el artículo 117 de la Carta Política, que establece que el jefe de Estado no puede ser acusado durante su mandato constitucional, exceptuando ciertas circunstancias. La política tiene mucho que ver con las interpretaciones constitucionales.

De otro lado, Keiko Fujimori necesita terminar con el intento de judicialización en su contra hasta el 2021, que pretenden desarrollar algunos candidatos a Fouches tercermundistas y que influyen en el Ministerio Público, no obstante que no existen argumentos legales y que las declaraciones de Odebrecht en Curitiba niegan financiamientos a Fuerza Popular.

Un análisis desapasionado nos lleva a sostener que la actual crisis de la República nació en la politización de la fiscalía: extraño manejo de los casos Toledo, Villarán y de algunos sectores del oficialismo, e intentos de judicializar a Keiko sin razones legales. Enseguida se desencadenó la sobrerreacción fujimorista con la acusación a Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, que a su vez determinó la brutal reacción política de allanar locales de Fuerza Popular, sin criterios procesales mínimos.

Envolver estas acciones y sobrerreacciones políticas con argumentos jurídicos es ocioso. Todo es pura política. El fujimorismo necesita formar una mayoría en el Congreso para retirar al fiscal de la Nación. ¿Qué hacemos los demás peruanos? ¿Cómo se termina esta guerra? Los intereses de la República para evitar el bloqueo institucional demandan construir un acuerdo.

¿A qué vamos? El acuerdo es posible: se necesita blindar constitucionalmente al jefe de Estado hasta el 2021 y retirar al fiscal de la Nación para que las instituciones vuelvan a funcionar. De lo contrario la guerra será total, con masas en las calles. ¿Qué más puede exigir el fujimorismo para sellar el pacto? Es evidente que demandará la salida de toda la izquierda del Ejecutivo que alentó la guerra y la confrontación en los dos primeros años de la administración pepekausa, e impulsó el recientemente allanamiento de los locales de Fuerza Popular. El protagonismo de la policía adscrita a un viceministerio (no la policía judicial) en los allanamientos revela la gravedad de la circunstancia.

Cualquier político de mediana formación sabe que la República no tiene otra salida. Los extremismos sueñan con adelanto de elecciones y una Keiko judicializada sin argumentos legales. En ese contexto, en el Congreso de la República existe un “Senado realmente existente”, integrado por hombres experimentados y cierta sabiduría, quienes deberían impulsar este acuerdo: Javier Velásquez Quesquén, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Víctor Andrés García Belaunde, Juan Sheput y Carlos Bruce, entre otros. Los mencionados políticos deberían actuar como bisagras y superar los faccionalismos de sus respectivos partidos para llevar al país a esta convergencia necesaria, incluso con la ayuda del Cardenal Juan Luis Cipriani. No hay otra.

Sin un pacto entre Keiko y PPK, la polarización —como sucede en todos los autoritarismos— solo promoverá el imperio de camarillas, aventureros, y boys scouts de la política, a quienes les interesa un bledo la democracia y el futuro del país.