La democracia de posguerra

Los actores políticos peruanos, de una u otra manera, participan de una democracia de posguerra política. ¿Alarmismo? Durante los dos años de la administración PPK, la disyuntiva que solían enfrentar a los peruanos era vacancia presidencial o disolución del Congreso. A entender del suscrito, el establishment nadinista —que controlaba el Estado desde el nacionalismo— demostró habilidad al empujar a la administración PPK a esta absurda confrontación. Luego se desató el caso Lava Jato y sobrevino la judicialización de la política, que llevó al país al abismo hasta que PPK renunció. La democracia peruana, pues, ha superado una guerra política.

De allí, por ejemplo, que el Gabinete Villanueva quedara conformado por un ala de ministros proinversión y otro claramente antiinversión, contrario a reformas promercado. Vizcarra y Villanueva, trejos políticos provincianos, consideraron que una amplia convergencia desde el Legislativo debería expresarse en el nuevo Gabinete como la única alternativa posible para contener al establishment nadinista, que había arrinconado a Alan García durante el nacionalismo, y había pretendido judicializar a Keiko Fujimori y Fuerza Popular y que, además, está con los ojos ensangrentados por la renuncia de PPK. Todo parece indicar que la dupla provinciana logró cierta estabilidad. Veremos.

Sin embargo, el remanso político que se ha instalado en el Perú ha sorprendido a propios y extraños. Fuerza Popular quedó diezmada por la cruenta guerra Ejecutivo y Legislativo y, al parecer, ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de llegar al 2021 es evitando hacer olas políticas y retornando al trabajo de bases en las provincias. Si las cosas son así, resulta una enorme noticia para la democracia.

De allí que en el establishment que destruyó a PPK hoy aparezca desorientado en las campañas mediáticas. No hay nada a qué oponerse y solo se pretende evitar que el Legislativo apruebe una ley sobre la publicidad estatal. El antifujimorismo está en retirada porque no hay nada para golpear. A veces pareciera que la colaboración Ejecutivo-Legislativo que se avizora molestara en extremo a algunos. Algo así suele suceder en casi todas las posguerras, y algunos inventan “al provocador Mamani” que emboscó a la administración PPK.

Sin embargo, lo relevante para la política y para el futuro del país es que la administración Vizcarra, de una u otra manera, está subestimando el respaldo político del Congreso. Si se asumiera esta variable, quizá en el sector proinversión del Ejecutivo se llegaría a la conclusión de que es la hora de lanzar reformas estructurales, sobre todo considerando que Vizcarra no está en el juego hacia el 2021. Si el Gobierno emprende reformas parece muy difícil que el Legislativo se oponga, exceptuando la izquierda parlamentaria antisistema.

El presidente Vizcarra debería descartar la tesis de que su Gobierno es uno de transición. Los tres años y medio que restan se acercan a un periodo en otras democracias. En realidad, la administración de transición fue la de PPK, una transición del nadinismo —que envileció el espacio público con una extrema polarización— hacia algo diferente: formas de colaboración política, sin las cuales la democracia y la economía de mercado carecen de viabilidad.

Por todas estas consideraciones no es exagerado sostener que a Vizcarra le falta ambición política, y que el jefe de Estado está subestimando la circunstancia que le ofrece la reciente historia. El presidente no solo puede ser el primer jefe de Estado que acabe con la polarización fujimorismo versus antifujimorismo de la última década y media, sino el mandatario de la segunda generación de reformas, pero en democracia.