Guerra total: fiscales versus Fuerza Popular

A entender del suscrito, no existe el menor argumento jurídico que justifique el allanamiento de los dos locales de Fuerza Popular, autorizado por el juez Richard Concepción Carhuancho, a solicitud del Ministerio Público. Las razones que nos respaldan son abrumadoras: el fiscal José Domingo Pérez tenía los libros contables originales de Fuerza Popular desde diez días atrás y, sin embargo, encabezó los allanamientos. Y si existían irregularidades y documentos, ¿qué iban a encontrar los fiscales dos años después de las elecciones nacionales? La acción, pues, estaba destinada para la foto y la portada.

El allanamiento, entonces, es una simple reacción política de un sector del Ministerio Público a la acusación constitucional de Fuerza Popular en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que su vez también es una reacción política frente a otra acción política de los fiscales que, sin razones legales, intentan judicializar a Keiko Fujimori y Fuerza Popular de aquí hacia el 2021. Algunos pretenden envolver esta cadena de acciones y reacciones con envolturas jurídicas o discusiones legales, pero todos sabemos que solo se trata de política.

Allanar los locales de Fuerza Popular, derribando una puerta, es una instantánea que retrata el nivel de las pasiones y la politización que envuelven a un sector del Ministerio Público y Fuerza Popular. Allanamientos de locales partidos solo hubo en el siglo pasado y durante el velascato y el fujimorato.

A estas alturas es evidente que las portadas de la barra brava mediática antifujimorista hoy propinarán un duro golpe al fujimorismo. Porque más allá de que haya o no acusación fiscal (hoy todo parece posible), la realidad virtual de un fujimorismo en el mismo costal de Alejandro Toledo, Humala, Susana Villarán y los empresarios apresados, se difundirá por algún tiempo.

Sin embargo el gran perdedor de esta operación política es el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Las dudas acerca de una politización del Ministerio Público hoy están despejadas y, aunque parezca mentira, el fujimorismo empieza a sumar votos a favor de la acusación constitucional. No sería nada extraño entonces que la cabeza de Sánchez ruede ante el vendaval de sobrerreacciones fujimoristas.

El Perú se acerca al bloqueo institucional general. Una mayoría legislativa que solo se defiende y contragolpea, y olvida sus responsabilidades con la gobernabilidad y las reformas promercado. Un sistema de justicia mangoneado por una izquierda caviar a la que le interesa un pepino el país y que, de una u otra manera, se dio maña para crear este terrible escenario para la democracia. En todo caso, hay que sacarse el sombrero: los caviares saben cómo destruir una democracia.

Particularmente no me cabe la menor duda de que el establishment caviar de los últimos quince años será barrido por el fujimorismo. Sin embargo la duda aparece cuando surge la pregunta sobre quiénes cosecharán de la demolición de estas estructuras de poder en el Estado. A este paso la idea de “que se vayan todos” está demasiado cerca.

Luego de las diligencias en Curitiba, los fujimoristas solían decir que si Fuerza Popular no reaccionaba quizá hoy Keiko estaría con orden de detención, no obstante que Marcelo Odebrecht negara cualquier vínculo con el fujimorismo. Hoy los fiscales parecen kamikazes políticos, algunos jueces quieren ser candidatos y todo parece posible.

Sin embargo si no hay razones legales valederas para una judicialización de Fuerza Popular, todo se complicará. Una mayoría legislativa que contempla cómo un establishment moribundo veta la participación de Fuerza Popular en democracia y judicializa a su lideresa será una suma de pasiones y sobrerreacciones. Y la democracia, que ha sumado su cuarta elección ininterrumpida, entrará en cuidados intensivos. Otra vez hay que sacarse el sombrero: la frivolidad caviar tenía sus talentos.