Fuerza Popular no debe caer en judicialización

La posibilidad de que la Comisión de Fiscalización cite a declarar al presidente Martín Vizcarra por el caso Chinchero sería uno de los graves errores políticos que suele cometer Fuerza Popular, no solo porque enrarecería las investigaciones de la Fiscalía de la Nación alrededor del tema, sino porque dinamitaría las posibilidades de un nuevo diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, luego de que el jefe de Estado levantara una bandera blanca.

Quizá todavía los actores no asuman plena consciencia del significado de que Pedro Chávarry haya asumido la Fiscalía de la Nación y se mantenga en el cargo, no obstante la campaña mediática en contra, la más feroz de las últimas dos décadas. ¿A qué vamos? Una Fiscalía que investiga de verdad y no desarrolla indagaciones selectivas, de un solo golpe, le reduce el campo a la judicialización de la política y del espacio público. El acuerdo de la Fiscalía con la Procuraduría brasileña abre la posibilidad de investigar, procesar y quizá sentenciar a los verdaderos implicados en el caso Lava Jato. Y los más complicados parecen Toledo, Humala, PPK y Villarán. Se vienen pruebas, documentos, transferencias y otros papeles. Es decir, investigaciones de verdad y que bloquean las posibilidades de la judicialización, que busca neutralizar al rival político.

La judicialización de la política es un software que se patentó bajo la dirección de Nadine Heredia. Consistía en investigar al adversario hasta las calendas griegas y en convertir cada acto en una gran ola mediática para movilizar a la ciudadanía. Algo más: las investigaciones siempre eran preliminares —no eran de a verdad- y nunca terminaban en sentencia. La megacomisión Tejada del Congreso, por ejemplo, denunció 5,000 “narcoindultos” de Alan García, los columnistas nadinistas hablaron del “candidato de los narcos” y los medios rebotaron con bombos y platillos. El resultado: se judicializaron 16 casos y solo se sentenció en base a uno, pero se demolió la viabilidad electoral de García.

Luego de las elecciones del 2016, y con un Legislativo en la oposición, la izquierda e IDL rodearon al ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y le ofrecieron convertirlo en el Hugo Chávez del Ministerio Público. Es decir, el fiscal eterno. Sánchez inició una guerra política con Fuerza Popular, se ampliaron investigaciones por tres años bajo la figura de crimen organizado, Fuerza Popular sobrerreaccionó acusando constitucionalmente al magistrado, luego Domingo Pérez allanó los locales fujimoristas y después PPK tuvo que renunciar. La judicialización fue tan cruenta que casi se carga a la democracia.

Hoy no puede suceder algo parecido porque, más allá de cualquier cuestionamiento, Chávarry ante todo es un fiscal. Cuatro décadas de trayectoria sin cuestionamientos en el Ministerio Público lo confirman. Además, está obligado a llevar las investigaciones, caiga quién caiga, para demostrar que sus acérrimos enemigos solo protegían a la corrupción. En ese escenario es imposible que Chávarry presione a los fiscales, tal como solía hacerlo Sánchez. Por todas estas consideraciones, el espacio para la judicialización de los adversarios se ha reducido considerablemente.

Hoy, José Cavasa —ex funcionario de la ONPE, comprometido con los Cuellos Blancos— declara que PPK y el equipo de campaña pepekausa lo contrataron para las elecciones del 2016, mientras las pruebas se organizan en Brasil antes de llegar a Lima. ¿Por qué entonces Fuerza Popular tendría que reeditar el grave yerro de la judicialización? Muy por el contrario, lo que más debería interesar al fujimorismo es autonomizar las investigaciones fiscales de lo político y concentrar sus esfuerzos en organizar la convergencia Ejecutivo-Legislativo para concretar las reformas.

En cualquier caso, todavía no nos percatamos de que el factor Chávarry ya es un elemento decisivo que cambia la situación política a favor de las tendencias constructivas.