Fiscales en pie de guerra

“El país necesita justicia, más honestidad, más decencia. No corrupción, no sinvergüenzas. Mucho daño le han hecho al Perú”. Las frases glosadas no pertenecen a un político de oposición ni a un parlamentario que se enfrenta a un sector político adverso. Son las declaraciones del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en respuesta directa a la acusación constitucional presentada por Daniel Salaverry, vocero de la mayoría parlamentaria del Congreso Nacional.

Algo más para la reflexión. No es la respuesta de un magistrado de la más alta investidura contra un Ejecutivo en un régimen chavista, sino la del fiscal de la Nación en contra de la primera fuerza política del país, en una democracia que acumula cuatro elecciones sucesivas sin interrupciones y que, más allá de los yerros y críticas, goza de enorme prestigio en la región por sus contrapesos de poderes y equilibrios institucionales.

El argumento de Salaverry para solicitar la acusación constitucional e inhabilitación del mencionado magistrado es “por la omisión funcional de no haber garantizado el inicio de las investigaciones contra varias empresas peruanas socias de la corrupta Odebrecht”. La argumentación parece bastante endeble y, de una u otra manera, cualquiera podría llegar a la conclusión que la iniciativa no prosperará. Sin embargo lo que sí es evidente es que la iniciativa de Salaverry es una típica acción política. Pero, ¿qué ha sucedido para que un sector de la mayoría decida perder ciertas formas y opte por una acción política contra un magistrado?

La respuesta se cae de madura. Un sector de fiscales —al parecer con el aval de Pablo Sánchez— ha decidido empapelar a Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, de aquí hasta el 2021. Los fiscales han decidido que las investigaciones preliminares en contra del fujimorismo se prolongarán hasta las próximas elecciones (indagaciones preliminares que, al igual que la acusación de Salaverry, estamos seguros no se convertirán en acusaciones reales).

Pero eso no es todo. Según los fiscales, lo preliminar debe ir acompañado de la tipificación de crimen organizado. En otras palabras, al igual que la megacomisión Tejada de Nadine Heredia, la lideresa de Fuerza Popular, de aquí hasta las elecciones, recibirá de todo por el rebote de la prensa antifujimorista, para luego no ser acusada de nada. La cosa es simple: los cócteles naranjas (que sirven para las acusaciones fiscales) y todos los ingresos ya han sido revisados por la ONPE; y además a Keiko ya se le ha levantado el secreto bancario varias veces.

Ante semejante acción política, ¿cómo se imaginaban que iba a reaccionar la mayoría legislativa? No se necesita ser demasiado zahorí para tener una idea. Es evidente que hemos ingresado a un juego acciones y reacciones políticas, por directa responsabilidad de un grupo de fiscales irresponsables, que va a tensar a las instituciones democráticas innecesariamente y que puede convertirse en una amenaza para la democracia que tanto nos ha costado preservar.

La manera artera como actúa la fiscalía en contra de la primera fuerza política del país y la feroz reacción del fujimorismo nos evocan los peores momentos del siglo XX, cuando una oligarquía soberbia consideraba posible excluir y vetar al aprismo del sistema político, la primera fuerza política de entonces.

Finalmente, la oligarquía logró vetar el ascenso de Víctor Raúl Haya de la Torre al poder, pero a costa de bloquear la democracia y el desarrollo institucional en todo el siglo pasado. Para desgracia de la oligarquía: si bien Haya no llegó a Palacio, el aprismo se convirtió en el primer partido del pueblo en la historia del Perú.

Víctor Andrés Ponce