Encrucijadas naranjas en el triunfo

Más allá de que las barras antifujimoristas sostengan que las siete plagas se abaten sobre el fujimorismo, que hay más torpezas y fluido biliar en la mayoría legislativa, que se viene un golpe parlamentario (solo sucedió en la Convención francesa y la Duma zarista) y que el movimiento naranja solo es puro músculo, el establishment que se había organizado —sobre la base de la izquierda caviar— en los últimos quince años, y que mangoneaba ciertas instituciones a su regalado gusto, hoy salta en astillas, empieza a desmoronarse. En ese contexto, la sobrerreacción fujimorista empieza a tener efectos asombrosos. A veces de política solo saben los políticos.

En el intento de ciertos fiscales y medios de judicializar a Keiko Fujimori, de aquí hacia el 2021 y sin razones legales valederas, se han destapado las delaciones premiadas de Garreta y Barata en contra de Susana Villarán, y hoy se conoce que un ex ministro pepekausa recibió dinero de Odebrecht e, incluso, de un nuevo regalo brasileño al cada vez más empapelado Toledo. El fujimorismo, pues, comienza a ganar por varios goles. Igualmente, con estos destapes queda en evidencia la estremecedora estrategia caviar: judicializar a Keiko para ocultar los problemas de los líderes antifujimoristas Toledo, Humala y Villarán. Estremecedora porque para el suscrito resulta inimaginable judicializar o empapelar —ni siquiera al peor rival— sin argumentos legales, tal como sucedía en la Inquisición.

Pero eso no es todo. Hoy la poderosa coalición mediática que se opuso al fujimorismo en las elecciones del 2016 también se derrumba. Los diarios se adelgazan y dejan de ser leídos por su exceso de acción política, y la ley que regulará la publicidad estatal —publicidad que creó una estructura mercantil en la media—, más allá de porcentajes en gastos, parece inevitable. Es decir, el fujimorismo está a punto de cortar pata, oreja y rabo, no obstante que la barra brava antifujimorista señale lo contrario. Es más, Keiko sigue creciendo, ¿o no?

Sin embargo en política —tal como sucede en el fútbol— nadie puede ganar por goleada, de lo contrario emerge el gesto autoritario. Por ejemplo, una cosa es acusar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional de prevaricadores —porque cambiaron un voto a favor y lo convirtieron en uno en contra— y otra bien diferente es acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; sobre todo cuando ahora sí se pueden conseguir los votos necesarios. Una cosa cosa es plantear la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación como un acto político, como una movilización política, para dejar en claro el intento arbitrario de ciertos fiscales de judicializar a Keiko, y otra bien diferente es que la sangre llegue al río.

El fujimorismo, como cualquier movimiento que pretende ser histórico, debe ser muy prudente en el triunfo. El fiscal Hamilton Castro, quien lidera las investigaciones del Caso Lava Jato, ahora es investigado por el propio Ministerio Público; un juez establece que no se puede judicializar a Keiko hasta el 2021 por quítame esta paja y ordena que se acabe en días con la ligereza de crimen organizado. Cualquiera sea el ángulo de análisis, es una goleada fujimorista.

No hay argumentos legales ni constitucionales válidos para guillotinar a Pablo Sánchez. Si algo así sucede, el establishment agonizante resucitará como un gato de siete vidas. Si el fujimorismo actúa correctamente no cabe la menor duda de que convertirá en puré al establishment. Sin embargo para que el movimiento naranja alcance ese objetivo debe ponerse la democracia y la gobernabilidad sobre los hombros: evitar la sobrerreacción política y las acusaciones sin justificación legal ni constitucional (como las que hacen ciertos fiscales), y sobre todo garantizar que esta democracia llegue intacta hacia el 2021 sin adelanto de elecciones, tal como sucede en las democracia más longevas del planeta. Si el movimiento naranja actúa de esa manera, gana el 2021 casi sin campaña.