Empate entre fujimoristas y antifujimoristas

El blitzkrieg fujimorista que enfrenta a todas las baterías antifujimoristas instaladas en su contra, luego de las elecciones del 2016, quizá ha cumplido un objetivo político: adelantar todos los capítulos de la judicialización que la llamada “izquierda caviar” pretendía desarrollar contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular —en base a la acción de un sector de fiscales y de ciertos medios— de aquí al 2021. Un libreto de tres años y medio (tiempo de las investigaciones preliminares) se escenificó en una semana y media y, de una u otra manera, se levantó el fantasma de una nueva Megacomisión Tejada, que demonizó la candidatura de Alan García en los comicios pasados.

Para nadie es un secreto que al fujimorismo se le pasó la mano y que, ante la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y ante los pullazos de la comisión Lava Jato del Legislativo en contra del jefe Estado, la democracia y las instituciones aparecen bloqueadas. En esta columna lo venimos advirtiendo: el intento de vetar a una fuerza política mayoritaria, la pretensión de judicializar a Keiko Fujimori y Fuerza Popular de aquí al 2021 sin razones legales, tarde o temprano, empantanará a la democracia, tal como sucedió en el siglo pasado con la polarización aprismo versus antiaprismo.

Sin embargo es interesante analizar los reflejos frente a la sobrerreacción fujimorista. En los sectores de la izquierda caviar y de los “liberales vargallosianos” se reaccionó con la misma pasión y ceguera con que actuaron en los últimos quince años: el fujimorismo es una cueva de autoritarios, antidemócratas, corruptos y otros adjetivos del arsenal anti. Para este sector el intento de judicializar sin argumentos a la primera fuerza política de un país no es mayor problema.

En todo caso, siempre es necesario ponerse del lado del otro, escuchar al otro. En el fujimorismo no hay preocupación por una eventual condena de lavado de activos a Joaquín Ramírez. Ese no es el problema, se dice, sino la judicialización administrada a cuentagotas, de acuerdo a los meses y años del cronograma electoral, en base a la actuación de un sector de fiscales y medios, tal como se molió a García.

Un sector de analistas distantes y críticos de la sobrerreacción fujimorista, como Martín Tanaka o Juan Paredes Castro, empiezan a poner una cuota de racionalidad ante el terrible bloqueo de la democracia que se avecina, y tratan de entender las razones de la conducta naranja. Como parte de estas reflexiones, Paredes llega a sostener que, en la hipótesis de que los trascendidos de las declaraciones de Odebrecht en Curitiba se confirmen, los casos del presidente Pedro Pablo Kuczynski, de Alan García y de Keiko Fujimori no son iguales a los de Humala y Toledo. El motivo: las supuestas versiones de Odebrecht no están confirmadas por reuniones, viajes, cuentas bancarias, tal como sucede en los procesos contra Humala y Toledo. Al respecto vale señalar que en el caso de Keiko está en cuestión si hay o no versiones.

En todo caso estas aproximaciones de sentido común, una vez más, nos revelan la frivolidad con que actúa la izquierda caviar en sus intentos de vetar al fujimorismo. La frivolidad en este sector del país es tan extrema y estremecedora que se podría sacrificar la democracia, el modelo económico (votando por Verónika Mendoza), con tal de mantener las cuotas de poder en el Estado.

Si el blitzkrieg fujimorista no demuele todas las cañoneras antifujimoristas es incuestionable que el posible repliegue naranja deberá cambiar la geografía del Estado. Por lo pronto, los últimos restos estatales de la izquierda caviar ya están en cuestión.