¡El show antiempresarial del fiscal!

El fiscal Domingo Pérez pretende armar un verdadero show antiempresarial citando como testigos a 37 empresarios y principales gerentes de las corporaciones nacionales y extranjeras más grandes del Perú, en una investigación de supuesto de lavados de activos por un aporte de Odebrecht a la Confiep para desarrollar una campaña de valores en el 2010. Sí, amigo lector, el empresariado nacional —que representa el 80% del total de lo invertido en el Perú, el 80% del empleo y el 80% de los ingresos fiscales— pretende ser escarmentado en precisos momentos en que la economía se desploma y aumenta la pobreza. No es la Venezuela chavista donde se escarmienta a los empresarios por cuestiones ideológicas. Sucede en la democracia peruana.

Como todos sabemos, Jorge Barata declaró que Odebrecht había financiado una campaña electoral con US$ 200,000 a través de la Confiep. Sin embargo, hoy todos sabemos que la mencionada donación fue para desarrollar una campaña institucional empresarial en defensa de la economía de mercado; y que, además, las principales empresas nacionales sumaron un aporte de US$ 2 millones. Si defender el sistema y el régimen económico de la Constitución, merece todo el señalado asedio fiscal, entonces, algo grave ha sucedido en la democracia peruana. Todas las donaciones fueron bancarizadas y se entregaron los correspondientes certificados de donación. ¿Por qué entonces Domingo Pérez cita para la foto y el escarnio mediático a los principales líderes empresariales del Perú?

El objetivo es claro: la izquierda pretende amedrentar al empresariado para que nunca más se atreva a desarrollar la lucha ideológica y a cumplir el papel que suele tener en todas las sociedades abiertas: asumir su condición de clase dirigente. En Estados Unidos, el Reino Unido y las democracias desarrolladas del planeta el empresariado asume su papel de clase dirigente financiando partidos, ONG y el desarrollo de una cultura a favor de las libertades políticas y económicas.

La izquierda antisistema, simplemente, le tiene terror a esa decisión empresarial y busca alejar a las compañías de su propia naturaleza (defender la economía de mercado) para que solo el Estado se convierta en “el gran financiador de la política”, como solía suceder en los ex regímenes soviéticos” y pasa en todas las autocracias del planeta.

¿Por qué no se  investiga cuántos millones de dólares se destinaron para detener Conga y Tía María por parte de empresarios extranjeros —especuladores del cobre mundial— que sirven a los proyectos antisistema en el Perú? ¿Por qué no se investiga el financiamiento de las ONG que pretende bloquear las inversiones en recursos naturales para favorecer intereses extranjeros?

Estamos ante un típico intento de judicializar a los empresarios del Perú. No se trata de una investigación real, sino de un procedimiento fiscal que solo funciona con el rebote mediático, tal como se judicializó al aprismo durante el quinquenio pasado y hoy se pretende hacer con otras fuerzas políticas. En la judicialización, generalmente, no hay acusación fiscal, solo movilización política de los medios.

El jueguito fiscal de Domingo Pérez sucede en precisos momentos en que el Tribunal Constitucional se vio obligado a aceptar el hábeas corpus de los esposos Humala, porque ambos estaban nueve meses con detención preventiva sin que el Ministerio Público formule acusación. También sucede cuando Osmán Morote y Margot Liendo fueron excarcelados por el exceso de la prisión preventiva, sin que los fiscales se atrevan a acusar. También sucede en momentos en que va quedando claro que el papel del Ministerio Público en el caso Lava Jato es una de las principales explicaciones de la judicialización de la política que ha envilecido el espacio público y ha terminado ralentizando el crecimiento. Allí está la construcción paralizada, por ejemplo.

¿Qué hacemos los demócratas frente a los fiscales políticos y sus estrategias de judicialización? ¿Hasta cuándo el Poder Judicial dejará que se desarrollen estas estrategias singulares? ¿Cuál es el papel del Congreso y del Ejecutivo en este pandemonium? Es hora de responder a estas interrogantes.