Del allanamiento a la vacancia

Quizá los pagos de Odebrecht a Westfield hubiesen sido asumidos de otra manera por los actores políticos de la democracia peruana sin la envilecedora polarización política que se desató en el Perú cuando, sorprendentemente, el presidente Kuczynski asumió el poder. Ni siquiera los analistas más sombríos pronosticaban que el enfrentamiento habría de superar los niveles de confrontación que se contempló durante el humalismo. Quizá allí resida el gran error histórico de PPK: haber permitido que la polarización se desatara en su administración.

Sin embargo existe la fácil y sencilla justificación que se promueve desde la izquierda caviar y desde una coalición mediática que actuó con absoluta irresponsabilidad: señalar que todos los males y los demonios provienen del fujimorismo. Al igual que en la Alemania nazi, cuando un sector de la sociedad denuncia que los males de la humanidad solo provienen de la acción de los judíos; entonces la polarización política, inevitablemente, desatará una guerra de niveles impensados. Siempre vale recordar que en una polarización en democracia, siempre existirán dos responsables.

En nuestro país ha faltado un espacio crítico que se elevara por encima de los extremos de las dos orillas y que promoviera apuestas de buena voluntad. Por ejemplo, ¿a todos les pareció una medida de sentido común intentar judicializar a Keiko Fujimori y Fuerza Popular hasta el 2021 por delitos de crimen organizado? En esta columna señalamos que la acusación constitucional al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, era una sobrerreacción política del fujimorismo, con una envoltura jurídica débil, en respuesta a otra acción política de la Fiscalía —también con ropaje jurídico— que pretendía empapelar al fujimorismo sin argumentos razonables.

Todos celebraron las acciones de la Fiscalía sin detenerse a analizar. Los medios se convirtieron en una barra brava irreflexiva que avanzaba con los partes de prensa del fiscal Domingo Pérez. Sin embargo hasta ese momento las guerras parecían de baja intensidad, confinadas a zonas que no afectaban la gobernabilidad general. En el preciso momento en que todo parecía quedarse en ese nivel, porque el fujimorismo carecía de la mayoría parlamentaria para acusar a Pablo Sánchez, se vino el allanamiento de los locales de Fuerza Popular. Los medios y la mayoría de periodistas celebraron el contraataque y señalaron que derribar las puertas de Fuerza Popular era “legal”. Claro que era legal si se estiraba la ley como un chicle. Y ahora, ante los cuestionamientos al proceso de vacancia, el fujimorismo también señala que todo es “legal”.

Los amigos que celebraron los allanamientos deberían considerar que solo Sánchez Cerro, el velascato y el fujimorato allanaron locales partidarios y que, en la simbología de los partidos, hollar un local partidario, jironear una bandera proselitista, es una declaración abierta y frontal de guerra. En mi lejana experiencia experiencia universitaria de los ochenta, los partidos enviaban decenas de heridos a los hospitales solo por una pizarra partidaria. Si el allanamiento se hubiese producido en los locales del Apra les aseguro que Domingo Pérez no entraba y Jorge del Castillo hubiese encabezado la resistencia.

Y si la policía política de Carlos Basombrío —y no la judicial— se encargaba del allanamiento, entonces la guerra total había sido declarada. Con los campos de batalla ensangrentados, llegaron las terribles noticias de Westfield y el fujimorismo apuntó a la cabeza presidencial. Y hoy Basombrío se retira del Gobierno porque luego del jueves se le avecinará la peor de las tormentas políticas.

Más allá de si se produce o no la vacancia presidencial, la democracia está herida de extrema gravedad. Al cierre de esta columna es imposible ser optimista con cualquiera de los desenlaces de la sesión congresal. Es una lástima que los extremos a ambos lados de la mesa de la ficticia polarización, promovida por la izquierda caviar, se impongan sobre la democracia peruana.