De tremenda Corte a tremenda Corte

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena al Congreso peruano archivar el proceso de acusación constitucional contra cuatro magistrados —quienes cambiaron una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que concedía un habeas corpus a favor de los marinos del Perú, convirtiéndola en una en contra (mediante la interpretación del voto de un magistrado incapacitado)—, simplemente dejó anonadado a cualquier demócrata de buena voluntad. Cuatro jueces cuestionados respaldados por el sistema jurídico internacional.

El hecho más grave de la reciente decisión de la Corte IDH: no se había agotado la jurisdicción interna. La Comisión Permanente del Congreso aún debía decidir si acusaba ante el pleno del Legislativo, y la máxima instancia congresal también debía proceder a votar. La sensación es que la sentencia ya estaba cocinada en las ONG de izquierda y en base a la pobre argumentación de sus abogados.

Pero no solo se trata de la jurisdicción interna peruana y de la soberanía del Congreso. En los últimos años la Corte IDH ha comenzado a asumir todos los objetivos de las ONG de la izquierda latinoamericana y, en la práctica, pretende convertirse en un gobierno supranacional en contra de las soberanías nacionales. Para congraciarse con los antimineros alguna vez la Comisión IDH demandó la paralización de Conga, y la Corte acaba de instar a los estados miembros a adoptar al matrimonio homosexual, al margen de los debates internos de cada sociedad. Y en el tema de los derechos humanos, hoy desarrolla una operación internacional para bloquear el indulto al ex presidente Fujimori e intentar lo que no pudo la coalición antifujimorista en el Perú: doblegar a la mayoría legislativa.

De alguna manera es lo mismo que se pretende hacer en Argentina, Ecuador y otros países. El resultado: ya casi nadie hace caso a la Corte IDH en la región, más allá de que los caviares del establishment sostengan que el Perú se convertiría en paria y todas esas cosas que se escuchan en las oficinas de las ONG. Todo indica que el camino no pasa por apartarse de la Convención Americana de Derechos Humanos ni renunciar a la competencia de la Corte, sino simplemente ignorar los fallos izquierdistas, como lo hacen la Corte Suprema argentina, las instituciones de Ecuador y casi todos los estados miembros. El Congreso entonces debería acelerar las acusaciones constitucionales contra los jueces prevaricadores, mientras los estados recuperan el sistema jurídico interamericano.

Sin embargo, ¿cómo así instituciones tutelares comienzan a ser bastardeadas de esa manera? Es incuestionable que los partidos democráticos de la región, en las últimas décadas, han ignorado la importancia de conducir las entidades internacionales, sobre todo después de la Guerra Fría. La izquierda por el contrario, consciente de que su programa estaba hecho trizas y que el asalto al poder no servía, optó por la vía gramsciana; es decir, el copamiento, lento y seguro de las instituciones. Las democracias entonces deben reaccionar.

Los ex marxistas, que se han quedado sin programa y sin partidos, han convertido los temas de derechos humanos, ambientales, las cuestiones de género y ahora los asuntos del consumidor versus empresas en sus nuevas ideologías y programas. En vez de partidos ahora organizan numerosas ONG que reciben financiamientos de grupos de interés mundial. Por ejemplo, los traders mundiales de cobre financian todos los bloqueos de minas en el Perú.

Bueno, pues, esos sectores han tomado el control de la Corte IDH y ahora pretenden hacer lo que no pudo la coalición antifujimorista que se encaramó en el poder en los últimos quince años: arrinconar a la mayoría legislativa del Perú. Hoy es el asunto de los cuatro jueces prevaricadores, pero ya viene el tema del indulto. Veremos.