Apocalipsis Chávarry

La campaña de demolición contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que iniciara IDL-Reporteros y que convoca casi una unanimidad mediática, posiblemente sea la movilización de anti propaganda más feroz de toda nuestra historia republicana. Ni las campañas en contra de Alberto Fujimori en los noventa ni en contra de Ollanta Humala en el 2011 se equiparan. Ni las estrategias goebbelianas de Montesinos en los noventa se asemejan. Aquí hay desesperación, casi gritos de espanto, en medio de las portadas y reportajes que demuelen. Chávarry parece haberse convertido en una representación del Anticristo que convoca a todas las guerras fundamentalistas habidas y por haber. El Apocalipsis caviar contra solo un hombre.

Si cualquiera analiza las imputaciones contra el fiscal de la Nación con ojo crítico advertirá que todo es humo, fake news, y estratagemas de un sector de la Fiscalía y de la sociedad para detener el trabajo del Fiscal. El único error de Chávarry es haber negado una reunión con un grupo de periodistas. Nada más. El asunto se tramita en el Congreso, según la Carta Política, pero la campaña de demolición continúa sin importar que Chávarry sea uno de los hombres más decentes del Ministerio Público a lo largo de cuatro décadas. El otoñal magistrado ha decidido quedarse en el barco hasta el final con un solo objetivo: demostrar que todo fue mentira, anti propaganda, y que en el Perú casi no hay periodistas. Una decisión que toman los hombres que se alimentan de honor.

Lo más terrible del sector que intenta demoler al Fiscal es que pretende hacerlo zurrándose en la Constitución y en el ordenamiento legal de la República. La anti propaganda pretende reinar sobre las instituciones. El asunto llega a tal extremo que diversas ONG de izquierda —como Transparencia y Proética— proponen que se licencie a todos los fiscales supremos y que los superiores elijan a otros supremos transitorios. En el acto, estas ONG pretenden derogar la Constitución y las leyes, ignorar el debido proceso y tratan de instalar una especie de soviet jurídico. Un sector del país, entonces, está dispuesto a todo con tal de tener su propio fiscal, incluso, a cerrar el Congreso. ¿0 no?

El sector que pretende demonizar a Chávarry está poblado por los amigos de Toledo, Humala, PPK y Villarán, así como empresarios vinculados al caso Lava Jato. Es decir, se trata de la megacorrupción de las últimas dos décadas, solo comparable con la megacorrupción de los noventa, del gobierno militar velasquista, y de los latrocinios del guano y el salitre previos a la Guerra del Pacífico. Chávarry ha decidido disparar a esa megacorrupción y, días después de haber asumido el cargo, concretó el acuerdo con la justicia brasileña para lograr la colaboración de Barata. Y la guerra del fin del mundo se desató contra él.

Si triunfa la anti propaganda sobre las instituciones, en el Perú se habrá producido un golpe blanco. No me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque en la permanencia de Chávarry se juega la posibilidad de consolidar una República en la que no solo se sentencia a un jefe de Estado de origen japonés o se detiene provisionalmente a otro mandatario de origen andino, sino en que se investiga y se procesa a todos por igual, sin importar si se pertenece o no a las élites más encumbradas o si alguien es dueño o no de un diario.

En otras palabras, en los procesos en contra de la megacorrupción de las últimas dos décadas puede emerger una nación en la que todos sus ciudadanos comienzan a reconocerse iguales ante la ley. Cuando una nación nace y consolida su República y sus instituciones, se ha vacunado a la sociedad contra el antisistema.

Por todas estas razones, Chávarry no se va así se desate el Apocalipsis o algunos echen el detergente del fujimorismo versus antifujimorismo para limpiar el hecho de que solo se protege a los implicados en el caso Lava Jato. Es decir, señor Fiscal, con su decisión no solo salva su nombre sino que evita el deterioro de la República.